Violando la nueva ley de Ordenamiento Territorial (368-22), de Municipios (176-07), de Medio Ambiente (64-00) y la Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12), la propuesta de Plan Municipal entregada a la Sala Capitular establece que los asentamientos en zona de amortiguamiento se consideran «fuera de ordenación» (definida en el Art. 77).
Por Frank Valenzuela
Manzanillo, Monte Cristi.– Bajo una apariencia de modernización y con el sello técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana impulsa una maniobra de alto calibre: lograr que la comunidad de Manzanillo y el Ayuntamiento de Pepillo Salcedo aprueben, mediante un plebiscito y una posterior ordenanza municipal, una propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial. Este documento, según denuncia el Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER), es un instrumento diseñado para la exclusión, que dejaría a los barrios históricos y populares como Pueblo Nuevo, Altos de las Palomas y Manhattan en un limbo legal, al catalogarlos como «fuera de ordenación» por su supuesta ubicación en zonas de amortiguamiento.
Frank Valenzuela, presidente de esta organización ciudadana, advierte con severidad que la ratificación de esta propuesta por parte de la Sala Capitular crearía un cerco legal devastador. “Estaríamos congelando el crecimiento de nuestra gente, de los sectores más vulnerables, mientras se confecciona un traje a la medida para los consorcios energéticos que ya se instalan aquí”, afirma Valenzuela. La denuncia es clara: se pretende que la misión y visión del futuro de Manzanillo sean definidas no por sus habitantes, sino por los intereses corporativos que ven en este territorio una plataforma para sus operaciones, utilizando al Gobierno como su principal gestor y al BID como su legitimador internacional.
Un ‘apartheid’ socioambiental: Artículos 78 y 79 como sentencia de muerte comunitaria
El núcleo de la propuesta es una bomba de tiempo social contenida en dos artículos. El Artículo 78 es una pieza de ingeniería legal que aplica la figura de «fuera de ordenación» como un arma de contención masiva. Al sentenciar que todos los asentamientos en la zona de amortiguamiento quedan en este estado, se condena a más de la mitad del área de Manzanillo (54.41 hectáreas, un 52.1 %) a una parálisis perpetua. Esto no es una medida técnica, sino una decisión política que criminaliza la existencia de comunidades enteras, impidiendo legalmente cualquier expansión futura y creando una barrera invisible pero infranqueable entre los residentes y su propio territorio.
El Artículo 79 es aún más explícito, funcionando como un manual de asfixia comunitaria. Detalla un régimen de prohibiciones que constituye un acto de violencia administrativa: restringe la construcción y ampliación de viviendas, prohíbe la pavimentación de calles —condenándolas a ser meras trochas—, impide la subdivisión de solares y limita la expansión de servicios básicos. Este catálogo de restricciones está diseñado para hacer la vida tan precaria que el abandono se convierta en la única salida para los residentes, facilitando un desplazamiento silencioso y progresivo sin la necesidad de expropiaciones forzosas y el coste político que estas conllevan.
Este mecanismo beneficia directamente a los consorcios industriales y al capital financiero que los respalda. La contención de la «mancha humana» garantiza que no habrá obstáculos comunitarios para futuras expansiones industriales. La degradación planificada de las condiciones de vida devalúa masivamente las propiedades, abriendo la puerta a una compra de terrenos a precio de saldo a largo plazo. Se utiliza la justificación ambiental como una coartada para lograr objetivos de desplazamiento social, una estrategia donde el BID juega un triple papel: financia la operación con una «donación», legitima la exclusión con su sello técnico y alinea los intereses del Estado con los del gran capital.
El doble juego del BID: Filantropía que financia el desplazamiento
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no es un actor neutral en este conflicto, sino el autor intelectual y financiero de la propuesta. La «donación» de fondos para la elaboración del plan es una herramienta de poder blando que le permite imponer un modelo de desarrollo predefinido, donde la planificación territorial se convierte en un instrumento al servicio de la inversión extranjera, en detrimento de los derechos de la población local. Al presentar el plan como una solución técnica e imparcial, el BID y el Ministerio de Economía buscan anular el debate democrático y presentar sus conclusiones como un hecho consumado e innegociable.
Esta estrategia se enmarca en un patrón histórico de los bancos de desarrollo, que a menudo promueven megaproyectos que generan «zonas de sacrificio». En estos enclaves, el bienestar de las comunidades locales y la sostenibilidad ambiental real son sacrificados en el altar de indicadores macroeconómicos y proyectos energéticos de escala nacional. Manzanillo corre el riesgo de convertirse en una de estas zonas, donde la riqueza generada por la industria energética no se traducirá en calidad de vida para sus habitantes, sino en su progresiva marginación y expulsión de un territorio que han ocupado por generaciones.
El resultado es un profundo déficit democrático. El Ministerio de Economía se escuda en la supuesta autoridad técnica del BID, mientras que el banco no rinde cuentas a los ciudadanos de Manzanillo, sino a su directorio en Washington. Esta cadena de responsabilidades diluidas deja a la Sala Capitular del Ayuntamiento en una posición insostenible: enfrentarse a la presión de un organismo internacional y un ministerio nacional, o traicionar el mandato de sus electores. El plebiscito propuesto es una trampa para legitimar una decisión que ya ha sido tomada en despachos muy lejanos a la Bahía de Manzanillo.
Un andamiaje contra la ley: Violaciones sistemáticas al marco jurídico dominicano
La propuesta de ordenamiento territorial no es solo socialmente injusta, sino que constituye una flagrante violación de las principales leyes que rigen el Estado dominicano. En primer lugar, atenta directamente contra la Ley N.º 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, cuyos principios de equidad, habitabilidad y desarrollo sostenible son completamente ignorados. Se aplica un régimen de exclusión en lugar de inclusión, y se condena a la inhabitabilidad a miles de ciudadanos. Además, viola la Ley N.º 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que obliga al Ayuntamiento a promover el bienestar de sus munícipes, no a convertirse en el verdugo de sus derechos básicos.
Asimismo, el plan representa un fraude a la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley N.º 64-00). Utiliza el concepto de «zona de amortiguamiento» de manera perversa: no para proteger el ecosistema de los riesgos de la industria pesada, sino para proteger a la industria de la presencia de la comunidad. Se identifica a los pobladores como la amenaza, ignorando que el verdadero peligro para los humedales y la biodiversidad del área protegida proviene de las operaciones de los consorcios energéticos que el propio plan facilita. Es la instrumentalización de la ley ambiental para fines de especulación territorial y exclusión social.
Finalmente, la propuesta es la antítesis de la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12). En lugar de reducir la pobreza y la exclusión, este plan las profundiza y las legaliza. En vez de mejorar el acceso a una vivienda digna y a servicios básicos, los restringe por ley. Es una norma que, en lugar de cerrar las brechas sociales y económicas que la Estrategia Nacional busca combatir, las convierte en un abismo insalvable, traicionando el espíritu y la letra del principal pacto social de la nación para un desarrollo equitativo y sostenible.
La exigencia de Manzanillo: O se modifica el plan, o no habrá plan
Frente a esta imposición, el Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) ha presentado una sugerencia a la Sala Capitular del Ayuntamiento. La organización no pide enmiendas cosméticas, sino que exige el rechazo total de los artículos 78 y 79 y una modificación profunda del plan para que sirva a la gente, no para que la desplace. La propuesta de la sociedad civil es transformar la lógica del documento, pasando de un enfoque de exclusión a uno de integración y justicia socioambiental para las comunidades históricas de Manzanillo.
La sugerencia central es la eliminación del concepto punitivo de «fuera de ordenación» y su sustitución por un nuevo título: «De la Regularización, Mejoramiento Integral e Integración de Asentamientos Humanos Consolidados». Esta nueva sección debería crear una ruta clara y financiada para legalizar la tenencia de la tierra de los residentes, invertir en infraestructura básica como calles, acueductos y saneamiento, y mejorar la calidad de las viviendas. Se trata de reconocer a las comunidades como parte esencial de Manzanillo y como guardianes del territorio, y no como un problema a erradicar.
La Sala Capitular de Pepillo Salcedo se encuentra en una encrucijada histórica. Tiene la responsabilidad de escuchar el clamor de sus ciudadanos y obligar al Ministerio de Economía y al BID a rediseñar un plan que nazca desde la realidad local y garantice los derechos de todos. La disyuntiva es clara: o ratifican un plan que condena a su gente a la precariedad para beneficiar a intereses externos, o defienden la soberanía de su municipio y exigen un ordenamiento territorial que construya un futuro digno e inclusivo para todos los habitantes de la Bahía de Manzanillo. Por suerte, nuestros regidores están conscientes de esa realidad, y de seguro van a dejar claro que la comunidad ya ha hablado: o el plan se hace con ellos, o simplemente, no habrá plan.
