Por Frank Valenzuela
Estos hechos constituyen una violación flagrante del Artículo 38 de la Constitución de la República Dominicana, que consagra la dignidad humana como fundamento del orden jurídico, y del Artículo 42, que prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el uso desproporcionado de la fuerza. También se vulnera el Artículo 146, que sanciona la corrupción administrativa y el uso indebido de funciones públicas. En el marco universal, se contraviene el Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU), que garantizan el trato humano, la integridad personal y la igualdad ante la ley.
Dajabón, República Dominicana – El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) denunció públicamente este jueves, ante la nación y la comunidad internacional, las prácticas de presunta corrupción y violación de la dignidad humana cometidas por miembros del Ejército Nacional destacados en la puerta principal del Mercado Binacional de Dajabón.
Según la denuncia, estos militares permiten que comerciantes haitianas se instalen en sus propios ojos, aa menos de cuatros metros del puesto de control para vender cigarrillos, ron y cerveza; mientras que, de forma selectiva, cuando visitantes dominicanos adquieren dichos productos, son perseguidos e interceptados de inmediato, despojados de la mercancía y, de acuerdo con denuncias de comerciantes y compradores, los artículos incautados son supuestamente revendidos más tarde por los mismos uniformados.
Frank Valenzuela, presidente de la organización ciudadana, destacó que este espacio, construido con fondos de la Unión Europea para impulsar el comercio transfronterizo y la cooperación pacífica entre República Dominicana y Haití, se ha transformado en un escenario recurrente de abusos sistemáticos contra visitantes dominicanos. Señaló que la presencia activa de militares en la entrada principal no garantiza orden ni legalidad, sino que, por el contrario, se ha convertido en un punto de control utilizado para ejercer prácticas arbitrarias y selectivas, amparadas en la permisividad de las autoridades responsables, lo que degrada el propósito original del mercado y compromete gravemente la imagen del país ante la comunidad internacional.
Este jueves, miembros del Centro CEBAMDER fueron testigos directos de un hecho indignante ocurrido a escasos cinco metros del punto de chequeo en la puerta principal del Mercado Binacional. Una humilde ciudadana dominicana, que acababa de comprar dos paquetes de cigarrillos frente al puesto de control, fue interceptada por un militar que, sin mediar explicación válida, la persiguió violentamente, la sujetó con fuerza, la derribó al suelo y le arrebató uno de los paquetes adquiridos.
Durante el abuso, el uniformado profirió frases ofensivas e impropias de su investidura, cuya crudeza resulta impronunciable en un comunicado público, evidenciando un profundo desprecio por la dignidad de la víctima. Este acto no solo humilló y ultrajó a la mujer frente a decenas de testigos, sino que expuso el uso arbitrario, selectivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades militares, en abierta violación a la Constitución y a los más elementales principios de derechos humanos.
Estos hechos constituyen una violación flagrante del Artículo 38 de la Constitución de la República Dominicana, que consagra la dignidad humana como fundamento del orden jurídico, y del Artículo 42, que prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el uso desproporcionado de la fuerza. También se vulnera el Artículo 146, que sanciona la corrupción administrativa y el uso indebido de funciones públicas. En el marco universal, se contraviene el Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU), que garantizan el trato humano, la integridad personal y la igualdad ante la ley.
En el plano de los compromisos internacionales, estas prácticas contradicen las obligaciones asumidas por el Estado dominicano en su cooperación con la Unión Europea —incluidos los principios de transparencia, derechos humanos y fortalecimiento institucional—, así como el propósito del propio Mercado Binacional de Dajabón, concebido como un espacio de integración y comercio pacífico bajo reglas de legalidad, equidad y respeto mutuo. La tolerancia de ventas a pocos metros de los puestos de control, seguida de incautaciones selectivas a compradores dominicanos, desvirtúa esos compromisos y exige correctivos inmediatos.
La organización no gubernamental asegura que esta práctica es vox populi en el mercado: miembros del Ejército Nacional toleran y facilitan la venta de productos regulados por comerciantes haitianas a pocos metros de ellos, pero ejercen una represión selectiva contra compradores dominicanos. Esta doble vara no solo refleja un patrón de corrupción, sino que erosiona gravemente la confianza ciudadana y desvirtúa el propósito original del mercado como espacio de integración pacífica.
Bajo la Constitución de la República Dominicana, estos actos podrían tipificarse como abuso de autoridad, corrupción administrativa y violación de derechos fundamentales, además de transgredir la Ley General de Aduanas y la Ley de Función Pública. La selectividad en la incautación y el presunto desvío de lo confiscado para beneficio personal son incompatibles con el juramento militar y la función pública.
CEBAMDER exige al Ministerio de Defensa, a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y a la Dirección General de Aduanas la apertura inmediata de una investigación exhaustiva sobre estos hechos. Asimismo, solicita la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Transparencia Internacional y la Unión Europea, como entidad financiadora del mercado, para garantizar que este espacio no se convierta en símbolo de impunidad y abuso.
El Centro Bahía de Manzanillo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la transparencia institucional y el respeto irrestricto a la ley. La frontera dominico-haitiana necesita soluciones y controles legítimos, no prácticas corruptas que mancillen la imagen de la nación y atropellen a sus ciudadanos.