Por Frank Valenzuela
Por Frank Valenzuela
Manzanillo, Montecristi. – Más de 17 organizaciones territoriales del municipio Pepillo Salcedo anunciaron la constitución del Consejo de Organizaciones para el Resarcimiento Socioambiental y Productivo, como instancia unificada de representación ante los impactos acumulativos asociados al proyecto Manzanillo Bay Energy, financiado por un consorcio de empresas globales y bancos multilaterales. En ese marco, el Consejo sostuvo este pasado lunes de la presente semana una reunión institucional de carácter virtual con el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, planteando la necesidad de una revisión estructural frente a la insuficiencia identificada en la respuesta territorial.
El Consejo explicó que el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) es la instancia de rendición de cuentas del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo encargada de evaluar, de manera independiente, el cumplimiento de las políticas ambientales y sociales en los proyectos financiados por dicha institución. La decisión de escalar el caso desde el Mecanismo de Gestión de Quejas (MGM) hacia el MICI se produjo luego de haber sostenido tres reuniones virtuales durante el mes de diciembre con representantes del MGM, en las cuales se expusieron los planteamientos territoriales y acumulativos del municipio.
Sin embargo, al no evidenciarse una respuesta estructural proporcional a la magnitud del fenómeno territorial ni avances hacia un instrumento integral de resarcimiento, el Consejo decidió cerrar esa etapa de diálogo y activar el mecanismo independiente, en busca de una revisión técnica bajo criterios de territorialidad, acumulación y proporcionalidad.
I. Constitución del Consejo y objetivo territorial integral
Frank Valenzuela, Coordinador de la entidad, destacó que el Consejo surge como resultado de un proceso de articulación entre los bloques ambiental, productivo, social, institucional, de gobernanza, patrimonio y conectividad, consolidando una estructura integral de representación municipal.
Explicó que las asociaciones de pescadores, apicultores, ecoturismo y el Clúster Turístico, como parte de los bloques ambiental y productivo, encabezan esta estructura territorial, acompañadas por las iglesias católica, misionera y adventista dentro del bloque social; la Sala Capitular del Ayuntamiento en el bloque institucional y de gobernanza; los sindicatos portuarios, de transporte y motoconcho en el bloque de conectividad; la filial municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP); la Federación de Juntas de Vecinos; la Unión para el Desarrollo de Copey; el Consejo para el Desarrollo de Manzanillo (COPADEMA); el Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) y demás organizaciones que integran los bloques de patrimonio y articulación territorial.
Durante la asamblea constitutiva fue designado por consenso Frank Valenzuela como Coordinador General del Consejo; Hicial Blanco como vicepresidente; Rosa Inés Carrasco como Secretaria; Rosario Cabreja como Tesorera; Giobanny Felipe Valdez como representante de la Unión para el Desarrollo de Copey; Kelvin González como representante del bloque productivo; concluyendo la estructura directiva con Helvio Bejarán como asesor estratégico. Esta dirección institucional tiene como mandato conducir el proceso bajo una visión territorial integral y representar de manera unificada al municipio ante instancias nacionales e internacionales.
Las organizaciones que integran el Consejo han sido actores de primer orden en la construcción de espacios de participación y concertación del desarrollo sostenible municipal, participando en la constitución del Consejo de Desarrollo Municipal, en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, en el apoyo a los procesos del Plan Maestro de Manzanillo, en el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) y en la línea base del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS). Desde esa trayectoria histórica, el Consejo reafirma que cree firmemente en el desarrollo portuario y energético; sin embargo, enfatiza que los efectos derivados del proyecto no pueden analizarse ni abordarse de manera fragmentada o sectorial, ya que la naturaleza del fenómeno es territorial y acumulativa, razón por la cual el espacio institucional actualmente abierto con el MICI constituye el marco técnico adecuado para una evaluación estructural y proporcional del caso.
II. Brecha estructural e insuficiencia frente a impactos acumulativos
El Consejo sostiene que el caso Manzanillo Bay Energy no constituye un problema aislado de medios de vida, sino un fenómeno de transformación territorial acumulativa que involucra componentes ambientales, productivos, sociales, institucionales, de gobernanza y de conectividad.
Desde esa perspectiva, el Consejo de Organizaciones considera que una inversión estimada en aproximadamente 1,700 millones de dólares exige que la magnitud de la respuesta sea proporcional a la magnitud del impacto. Sin embargo, persiste una brecha estructural entre lo consignado en los estudios técnicos y la realidad acumulativa observable en el territorio.
Los impactos acumulativos se manifiestan en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, en el circuito funcional del Sitio Ramsar “Humedales de Montecristi y la Línea Noroeste”, en la dinámica del frente marino, en la presión sobre los servicios municipales, en el tránsito pesado, en la infraestructura sanitaria, en la gobernanza local y en la carga operativa del ayuntamiento, incluyendo la problemática creciente de residuos sólidos ante un vertedero municipal que no está estructuralmente preparado para una mayor demanda territorial.
El Consejo considera que abordar esta problemática mediante conversaciones sectoriales independientes no responde a la naturaleza acumulativa del fenómeno territorial. La complejidad del impacto exige una lectura integral bajo una sola instancia representativa del municipio.
III. Responsabilidad social global y necesidad de fondo territorial de resarcimiento
La magnitud de la inversión y la fragilidad ecológica de Manzanillo imponen estándares internacionales de responsabilidad social empresarial, especialmente cuando las intervenciones se desarrollan en ecosistemas estratégicos vinculados al circuito Ramsar y en zonas de alta sensibilidad ambiental.
El Consejo plantea que el resarcimiento no puede limitarse a bloques sectoriales aislados, sino que debe estructurarse bajo un enfoque integral que contemple el bloque ambiental, el bloque productivo, el bloque social, el bloque institucional, el bloque de conectividad y el bloque territorial del municipio en su conjunto, incluyendo la situación crítica de la comunidad de Villa Raif como punto sensible del impacto acumulativo territorial. Villa Raif representa hoy un componente crítico del fenómeno acumulativo, evidenciando la necesidad de instrumentos estructurales que articulen desarrollo energético con sostenibilidad comunitaria y gobernanza territorial.
En ese sentido, el Consejo propone la creación de un Fondo Territorial de Resarcimiento Socioambiental y Productivo, proporcional a la escala de la inversión y a la magnitud de los impactos acumulativos, como mecanismo de articulación entre desarrollo global y equilibrio territorial local. “El desarrollo debe incluir resarcimiento justo para nuestras comunidades”, afirmó Frank Valenzuela en nombre del Consejo, reiterando que Pepillo Salcedo apuesta al desarrollo, pero exige responsabilidad proporcional, integralidad territorial y coherencia estructural como eje central del proceso.
IV. Consejo sostiene reunión institucional con el MICI y solicita revisión acumulativa bajo estándares de debida diligencia
Durante la reunión celebrada este lunes con el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), el Coordinador del Consejo, Frank Valenzuela, agradeció el espacio institucional y explicó que la decisión de escalar el caso responde a la necesidad de una evaluación independiente de carácter territorial, acumulativo y proporcional, tras concluir la etapa de diálogo en el Mecanismo de Gestión de Quejas (MGM) sin alcanzar una solución estructural acorde a la magnitud del fenómeno.
Valenzuela reiteró que el Consejo no plantea una confrontación ni una paralización del proyecto, sino una revisión técnica bajo los estándares de debida diligencia ambiental y social del Grupo BID, destacando que el problema no es únicamente de medios de vida, sino de transformación territorial acumulativa que impacta simultáneamente el bloque productivo, el bloque ambiental, el bloque institucional, el bloque social, el bloque de conectividad y el bloque territorial del municipio en su conjunto.
Helvio Bejarán, como representante ambiental y asesor estratégico, expuso ante el MICI la incidencia en la zona de amortiguamiento, el circuito Ramsar, la transformación del frente marino y la presión acumulativa sobre ecosistemas estratégicos, subrayando que “no son impactos aislados; es acumulativo”. De igual manera, los representantes del sector apícola, pesquero y ecoturístico detallaron afectaciones específicas en producción, dinámica operativa y sostenibilidad sectorial, mientras que el Presidente de la Sala Capitular abordó la dimensión institucional, la carga municipal y la problemática creciente de residuos sólidos y gobernanza territorial.
En el componente productivo, los representantes de los sectores apícola, pesquero y ecoturístico expusieron ante el MICI cómo la transformación territorial acumulativa ha generado alteraciones operativas en sus dinámicas tradicionales. El sector apícola explicó la afectación en áreas de polinización, desplazamiento de colmenas y reducción en la producción, incluyendo la pérdida de abejas reinas en zonas históricamente productivas; el sector pesquero detalló las dificultades asociadas a cambios en el frente marino, tráfico marítimo y restricciones operativas; mientras que el sector ecoturístico señaló la alteración del paisaje costero, la conectividad ambiental y la percepción de sostenibilidad del destino, destacando que no se trata de impactos aislados sino de un fenómeno acumulativo que incide en la estabilidad económica local.
Desde la dimensión institucional, el representante de la Sala Capitular enfatizó la carga creciente que enfrenta el municipio en materia de gobernanza territorial, presión sobre servicios públicos, infraestructura sanitaria y manejo de residuos sólidos, señalando que el vertedero municipal no está estructuralmente preparado para responder al aumento de demanda derivado de la expansión territorial. En ese contexto, se reiteró que el problema no puede reducirse a compensaciones sectoriales, sino que requiere un enfoque territorial integral y proporcional, coherente con la magnitud de la inversión y con la responsabilidad estructural que implica su ejecución.
El Consejo reiteró ante el MICI la solicitud de revisión independiente, evaluación acumulativa, análisis de proporcionalidad e identificación de un instrumento territorial integral que incluya un Fondo Territorial de Resarcimiento, reafirmando que el eje técnico del planteamiento es territorial, acumulativo y proporcional, bajo un enfoque institucional y constructivo orientado a garantizar coherencia estructural entre inversión global y sostenibilidad local.