Por Frank Valenzuela
Manzanillo, Montecristi.– El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) anunció el envío de una comunicación internacional de emergencia a la Ramsar Convention Secretariat y a organismos ambientales, de desarrollo y de derechos humanos, con el objetivo de provocar una intervención inmediata ante las graves irregularidades ambientales y jurídicas del proyecto Energía 2000 / Manzanillo Power Land.
La organización advierte que lo que ocurre en Manzanillo trasciende el ámbito local y configura una señal de alarma global: una ruptura deliberada del orden ambiental, impulsada por intereses corporativos en connivencia con estructuras estatales. El caso, subraya, constituye un desafío directo a los mecanismos internacionales de gobernanza ambiental y a la credibilidad de los sistemas de protección ecológica.
En ese contexto, CEBAMDER denuncia que el proyecto ha sido desarrollado en abierta violación del orden jurídico medioambiental de la República Dominicana, bajo el amparo y la complicidad de las instituciones llamadas a garantizar su cumplimiento. De manera particularmente grave, la organización revela que, ante la solicitud formal de entrega del estudio de impacto ambiental realizada hace cuatro años, el Ministerio de Medio Ambiente negó dicho acceso alegando que el documento solo había estado disponible al público por un periodo de 15 días y que ese plazo ya había vencido.
Esta justificación, carente de fundamento constitucional, constituye una restricción ilegítima del derecho de acceso a la información pública y una vulneración directa de garantías fundamentales, generando responsabilidad institucional por omisión y encubrimiento.
El Centro CEBAMDER sostiene que esta negativa no solo impidió el escrutinio público oportuno, sino que facilitó la continuidad de un proyecto sin transparencia, sin control social y sin una evaluación ambiental actualizada acorde a la magnitud real de la obra ejecutada, consolidando un patrón de opacidad institucional que debilita el Estado de derecho en materia ambiental y compromete la responsabilidad internacional del Estado dominicano.
En este sentido, la organización denuncia la violación directa de disposiciones constitucionales de la República Dominicana, incluyendo el artículo 8 sobre la función esencial del Estado en la protección de los derechos fundamentales, el artículo 49 relativo al derecho a la información, así como los artículos 66 y 67 que consagran el derecho a un medio ambiente sano y los deberes del Estado en la protección y conservación de los recursos naturales. De igual forma, se vulneran la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, configurando un incumplimiento sistemático del marco normativo nacional.
A nivel internacional, estos hechos contravienen principios establecidos en el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación y justicia ambiental, así como disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente en lo relativo a la libertad de información y a las garantías judiciales efectivas. Asimismo, se incumplen estándares del Convenio de Ramsar, lo que configura un patrón de vulneración que podría dar lugar a la activación de mecanismos internacionales de supervisión, investigación y eventual responsabilidad del Estado por violaciones a derechos humanos y ambientales.
El Centro CEBAMDER denuncia además que la planta ha sido desarrollada sobre la base de un estudio de impacto ambiental de 2013 que no guarda correspondencia con las características del proyecto actualmente construido, ubicado en un ecosistema ecológicamente conectado al Sitio Ramsar No. 2497 en Manzanillo, República Dominicana, lo que agrava el riesgo para la integridad ecológica del área.
La entidad advierte que estos hechos constituyen un incumplimiento grave de la legislación ambiental nacional y de compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano, representando una amenaza directa no solo para los ecosistemas locales, sino para la credibilidad de los mecanismos globales de protección ambiental. Permitir la continuidad y validación de este proyecto en estas condiciones equivale a consolidar un precedente de impunidad institucional y a legitimar la erosión progresiva del Estado de derecho en materia ambiental.
CEBAMDER solicita la activación urgente de mecanismos internacionales de revisión, supervisión y rendición de cuentas, incluyendo instancias de control independientes, con el fin de frenar un proceso que vulnera derechos fundamentales y compromete la sostenibilidad ecológica de una zona de alto valor ambiental.
A continuación, Frank Valenzuela, presidente del Centro CEBAMDER, presenta el contenido de la documentación que está siendo enviada a las siguientes organizaciones internacionales:
Ramsar Convention Secretariat, World Bank, International Finance Corporation, Inter-American Development Bank, CABEI, UN Environment Programme, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Inter-American Commission on Human Rights, Compliance Advisor Ombudsman, Inspection Panel, MICI, Global Mangrove Watch, International Union for Conservation of Nature, WWF, Greenpeace, Amnesty International, Human Rights Watch, Transparency International, Escazú Agreement Compliance Committee y UN Special Rapporteurs on Environment and Human Rights.