A días del acto oficial, el Centro CEBAMDER advierte sobre inconsistencias en el expediente ambiental del proyecto Energía 2000 y plantea la necesidad de una revisión independiente en un territorio de alta sensibilidad ecológica vinculado al Sitio Ramsar No. 2497, Humedales de Montecristi y la Línea Noroeste, del cual forman parte el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, Playa Estero Balsa y el conjunto de humedales asociados que estructuran ese corredor ecológico.
Por Frank Valenzuela.
Montecristi, República Dominicana. – El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) solicitó formalmente al presidente de la República una revisión institucional independiente del proyecto Manzanillo Power Land (Energía 2000) antes de su inauguración, advirtiendo que existen elementos documentados que ameritan una evaluación técnica, jurídica y ambiental de alto nivel, así como la implementación de un proceso de resarcimiento integral para el municipio de Pepillo Salcedo.
Frank Valenzuela, presidente de la organización ciudadana, destacó que no se oponen al desarrollo energético ni a la inversión, pero advirtió que el progreso del municipio debe sustentarse en criterios de legalidad ambiental, proporcionalidad territorial y sostenibilidad ecosistémica, especialmente en un entorno de alta sensibilidad ecológica, donde cualquier error técnico puede traducirse en daños irreversibles.
Pepillo Salcedo: desarrollo estratégico en un ecosistema de alta fragilidad
Pepillo Salcedo, ubicado en la provincia Montecristi, concentra uno de los sistemas ecológicos más sensibles del Caribe, donde convergen el Sitio Ramsar No. 2497, los manglares de Estero Balsa, la Laguna Saladilla y el frente costero de Playa Estero Balsa, al tiempo que se ha convertido en uno de los principales polos de inversión energética del país.
La entidad sostuvo que el desarrollo del territorio debe regirse por dos principios fundamentales: el criterio de oportunidad, que reconoce el valor de la inversión, y el criterio de proporcionalidad ecosistémica, que exige que toda intervención en un espacio de alta fragilidad ambiental se realice bajo los más rigurosos estándares técnicos, jurídicos y participativos.
El colectivo advirtió que ninguna inversión puede consolidarse sobre la erosión de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía local y el equilibrio territorial del municipio, razón por la cual considera indispensable que el desarrollo sea compatible con la protección efectiva del patrimonio natural de Manzanillo.
Un proyecto estratégico con transformaciones que ameritan revisión
La organización reconoció la importancia del proyecto energético para el sistema eléctrico nacional, pero advirtió que su evolución técnica ha sido sustancial y que esa transformación obliga a examinar con rigor la correspondencia entre la obra ejecutada y el expediente ambiental que la sustenta.
La institución señaló que el proyecto originalmente evaluado contemplaba una configuración distinta, mientras que la obra final supera los 437 MW e incorpora infraestructura gasífera, marítima y eléctrica no contemplada en el diseño inicial.
La entidad sostuvo que estas transformaciones, por su magnitud, constituyen modificaciones sustantivas que, conforme a la normativa ambiental dominicana, requieren una actualización integral del Estudio de Impacto Ambiental, lo cual no consta de manera proporcional en el expediente analizado.
Responsabilidad institucional: decisiones acumuladas del sector eléctrico que permitieron la situación actual
La organización ciudadana afirmó que durante más de una década el desarrollo del proyecto estuvo acompañado por decisiones y validaciones sucesivas de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de Electricidad (SIE) y el Ministerio de Energía y Minas, instituciones que autorizaron concesiones, modificaciones técnicas, incrementos de capacidad y continuidad operativa del proyecto en distintas fases.
El colectivo sostuvo que estas decisiones permitieron la consolidación progresiva de un proyecto cuya configuración final difiere sustancialmente de la evaluada originalmente, sin que se evidencie una actualización ambiental integral proporcional a dichos cambios.
La entidad advirtió que la situación actual responde a un proceso acumulativo de decisiones institucionales que permitieron que el proyecto avanzara hasta su fase de inauguración sin una verificación rigurosa de la correspondencia entre su evolución técnica y su soporte ambiental, lo que amerita una revisión independiente que determine responsabilidades y posibles brechas regulatorias.
Estudio ambiental con línea base desfasada: implicaciones para un proyecto categoría A
La organización advirtió que la línea base del Estudio de Impacto Ambiental fue construida con datos que se remontan aproximadamente al año 2013, lo que implica que el proyecto que hoy se inaugura fue evaluado con información levantada hace más de una década en un territorio que ha sufrido transformaciones acumulativas significativas.
La institución explicó que, en proyectos de categoría A —aquellos de alto impacto ambiental—, la normativa nacional e internacional exige que la línea base sea actual, representativa y capaz de reflejar con precisión las condiciones ecológicas reales del territorio al momento de la toma de decisiones.
La entidad sostuvo que el uso de una línea base desfasada compromete la capacidad predictiva del estudio, debilita la evaluación de impactos acumulativos y genera una desconexión entre el proyecto autorizado y la realidad ambiental actual, lo que convierte este elemento en el núcleo del cuestionamiento técnico planteado.
Impacto en circuito Ramsar: “Playa Estero Balsa, Parque de Manglares y Humedales”
La organización advirtió que el proyecto ha generado impactos acumulados en el circuito ecológico compuesto por “Playa Estero Balsa, Parque de Manglares y Humedales”, zona de alta sensibilidad ambiental vinculada al Sitio Ramsar No. 2497.
El colectivo denunció la destrucción del borde marino de Playa Estero Balsa, señalando que el dragado, la intervención del litoral y las obras asociadas han alterado significativamente la dinámica natural de la playa, afectando su estructura física, su valor ecológico y su función como espacio de uso comunitario.
La entidad sostuvo que se han producido impactos en el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa y en áreas de humedales, incluyendo intervenciones en zonas ambientalmente sensibles, sin que conste una documentación pública clara por parte del Ministerio de Medio Ambiente que registre estos hechos ni la aplicación de consecuencias proporcionales.
La institución destacó que estas transformaciones han afectado directamente los medios de vida del territorio, generando impactos significativos en la pesca artesanal, las actividades ecoturísticas y la dinámica comercial vinculada a Playa Estero Balsa, alterando el equilibrio económico y social de la comunidad.
Acceso a la información: un proceso marcado por restricciones
La organización denunció que el acceso al Estudio de Impacto Ambiental estuvo limitado durante años, pese a tratarse de un documento de interés público vinculado a un proyecto de alto impacto. Recordó que la solicitud OAI-22-088, presentada en 2022, fue denegada bajo el argumento de que el plazo de quince días laborables había vencido. A juicio de la entidad, esa respuesta restringió indebidamente el derecho ciudadano a examinar el expediente. El caso, afirmó, evidenció un patrón de demoras y obstáculos institucionales.
La institución señaló que el artículo 42 de la Ley 64-00 establece que el Estudio de Impacto Ambiental es un documento público permanente, por lo que no podía quedar sujeto a una ventana administrativa ya vencida. Indicó que, durante años, la comunidad permaneció sin acceso al documento técnico que sustentaba la autorización del proyecto. Esa situación obligó a escalar el caso ante diversas instancias nacionales e internacionales. Entre ellas, mencionó al Defensor del Pueblo y a la DIGEIG. Solo después de ese proceso el estudio fue finalmente entregado.
El documento fue entregado el 12 de marzo de 2026, tras el escalamiento ante el Defensor del Pueblo, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y organismos internacionales. Una vez recibido, permitió verificar que correspondía al estudio base de 2013, sin que en ese expediente constara una actualización material e integral proporcional a la configuración final del proyecto.
Comisión independiente, investigación y resarcimiento integral: una respuesta institucional necesaria
La organización solicitó la designación de una comisión técnica, jurídica y participativa que investigue los hechos documentados y formule propuestas concretas de solución frente a los impactos identificados.
El colectivo planteó que esta comisión debe tener carácter independiente, multisectorial y capacidad real de evaluación, incluyendo la revisión del expediente ambiental, la verificación de impactos en el Sitio Ramsar, la determinación de responsabilidades y la formulación de medidas de restauración ecológica y resarcimiento territorial.
La entidad sugirió que esa comisión sea encomendada al Comité Gestor del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas, juramentado por el presidente el 16 de marzo de 2026 mediante el Decreto 105-26. A su juicio, ese espacio reúne condiciones de independencia, pluralidad y solvencia técnica. Una respuesta de esta naturaleza protegería el interés público y el patrimonio ecológico de Pepillo Salcedo. También fortalecería la posición del país ante organismos internacionales. Finalmente, insistió en que el desarrollo debe ir acompañado de reparación y responsabilidad.
La institución propuso que esta instancia sea articulada a través del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas, como mecanismo idóneo para garantizar transparencia, participación y rigor técnico.
Manzanillo espera el cumplimiento de los compromisos del Plan Maestro
La organización también explicó al presidente Luis Abinader que han transcurrido más de tres años y medio desde la presentación del Plan Maestro de Manzanillo, en octubre de 2022, instrumento concertado con la comunidad bajo la conducción del Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, el municipio de Pepillo Salcedo continúa soportando las cargas territoriales, sociales y ambientales de los megaproyectos sin que se materialicen, en igual proporción, los compromisos estructurales anunciados por el Gobierno.
Esa brecha entre inversión y cumplimiento ha comenzado a generar una percepción de desequilibrio territorial. El desarrollo no puede medirse solo por grandes obras energéticas o portuarias, sino por su capacidad de traducirse en bienestar tangible para la población local. Manzanillo necesita que la planificación concertada deje de ser promesa y se convierta en ejecución verificable.
Entre los compromisos pendientes en materia de infraestructura y saneamiento figuran la implementación del Frente Marino diseñado con apoyo del BID, el proyecto de saneamiento ambiental y alcantarillado, la finalización de Los Barracones, la asignación de los fondos ya presupuestados para el muelle de pescadores, la solución definitiva al vertedero municipal y la respuesta estructural al problema del agua potable.
La organización ciudadana aseguró que todos estos temas forman parte de una agenda básica de dignidad territorial. No se trata de demandas nuevas, sino de compromisos previamente anunciados. La ausencia de cumplimiento en estos puntos profundiza la asimetría entre el peso de las inversiones y la precariedad de los servicios esenciales. El municipio no puede seguir siendo receptor de impactos sin ser beneficiario proporcional del desarrollo.
A ello se suman asuntos cruciales en formación, empleo, producción y gobernanza local, como la reactivación del Instituto Politécnico, paralizado por más de cinco años; la construcción del Centro INFOTEP prometido; y el apoyo financiero y técnico a los sectores productivos desplazados, especialmente el apícola, pesquero y ecoturístico. También resulta impostergable fortalecer presupuestariamente al Ayuntamiento de Pepillo Salcedo, definir la situación del sector Villa Raif frente a los megaproyectos y ejercer control efectivo sobre la contaminación por polvo generada por Cemento Cibao. Estos temas no son periféricos, sino centrales para la estabilidad social del municipio. Si el desarrollo de Manzanillo aspira a ser legítimo, debe incorporar justicia territorial, protección comunitaria y cumplimiento efectivo de la palabra pública.
Solicitud de encuentro con el Presidente
La organización planteó que, en una posible visita a Pepillo Salcedo, el presidente de la República podría nuevamente poner su corazón en el municipio y escuchar directamente a los sectores organizados a través del Consejo de Desarrollo Municipal y del Consejo de Organizaciones para el Resarcimiento Socioambiental y Productivo del Municipio Pepillo Salcedo.
La entidad sostuvo que ese gesto fortalecería el espíritu de concertación que dio origen al Plan Maestro de Manzanillo. También permitiría retomar una relación más cercana entre el Gobierno y la comunidad. A juicio de la institución, el desarrollo del territorio requiere presencia institucional, escucha activa y sensibilidad social. La visita presidencial sería una señal concreta de compromiso con una gestión participativa y territorialmente justa.
Mensaje final: desarrollo con legalidad, sostenibilidad y justicia territorial
La organización reiteró que el desarrollo energético no puede sostenerse sobre estudios desactualizados ni sobre territorios vulnerables sin compensación, y afirmó que el caso Manzanillo plantea un debate nacional sobre la necesidad de garantizar la coherencia entre inversión, legalidad ambiental y sostenibilidad territorial.