Anuncian sostendrán reunión el próximo lunes con el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo BID.
Manzanillo, Montecristi. — El Consejo de Organizaciones para el Resarcimiento Socioambiental y Productivo del Municipio Pepillo Salcedo denunció este miércoles, ante la opinión pública nacional e internacional, que BID Invest y su Mecanismo de Gestión de Reclamos (MGM) —instancia interna del banco diseñada para canalizar quejas sin carácter vinculante— pretenden sostener nuevos encuentros en el territorio con el único propósito de “escuchar”, sin disponer de una propuesta concreta de solución integral frente a los impactos documentados del proyecto Manzanillo Gas and Power. El Consejo advierte que esta táctica no es diálogo: es una maniobra calculada para construir evidencia procedimental de cara al proceso abierto ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo BID.
Frank Valenzuela, coordinador del Consejo de Organizaciones, señaló que, a casi tres años de la primera visita de BID Invest al territorio, la institución insiste en reproducir el mismo ciclo: “escuchar” sin responder, reunirse sin comprometerse y documentar sin reparar. Ante la incapacidad estructural del Mecanismo de Gestión de Reclamos (MGM) para abordar el problema desde un enfoque territorial sistémico y garantizar compromisos vinculantes, las organizaciones del municipio tomaron la decisión de escalar el caso al MICI, órgano autónomo del Grupo BID encargado de investigar posibles incumplimientos de sus propias normas de desempeño.
En ese sentido, anunciaron que el próximo lunes las organizaciones integrantes del Consejo de Organizaciones del Municipio de Pepillo Salcedo sostendrán un importante diálogo con el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), un órgano independiente que responde al Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de revisar los pasos del reclamo sometido por el conjunto de organizaciones del municipio.
Tres años de “escuchar” sin respuestas: la estrategia del agotamiento institucional
El Consejo de Organizaciones documentó que BID Invest ha mantenido al municipio de Pepillo Salcedo en un ciclo reiterativo de “escuchar” sin respuesta desde noviembre de 2023, fecha de su primera visita técnica al territorio. En diciembre de 2025 y enero de 2026, el banco volvió a convocar encuentros con sectores productivos, sociales y líderes comunitarios, reproduciendo un esquema que no ha generado ninguna solución concreta.
Este patrón no es circunstancial, sino estructural. Sustituye soluciones por procesos, compromisos por reuniones y responsabilidad por narrativa institucional. La propia respuesta del banco ante el MICI confirma que su rol se ha limitado al “intercambio de información”, lo que validó la decisión del Consejo de cerrar el proceso MGM por su ineficacia estructural.
“A pesar de haber ‘escuchado’ y documentado la situación del territorio, BID Invest procedió a aprobar el financiamiento sin exigir compensación previa por los daños ya causados ni condicionar el préstamo a que el consorcio asumiera su responsabilidad por los impactos provocados. Esto no es diálogo: es un mecanismo de desgaste institucional.”
Mientras este ciclo se repite, los impactos continúan acumulándose. El territorio pierde funcionalidad, los ecosistemas se degradan y los medios de vida se deterioran sin intervención correctiva.
El pecado original: financiamiento aprobado con brechas y sin evaluación integral
Para Valenzuela, la crisis tiene su origen en una falla estructural que el propio BID Invest ha reconocido en su respuesta formal ante el MICI: la existencia de brechas en la evaluación ambiental y social al momento de aprobar el financiamiento. La institución admite que la línea base pesquera era insuficiente y que la evaluación de impactos acumulativos estaba pendiente de completarse.
Esto implica que el proyecto avanzó sin una comprensión integral del territorio. En términos técnicos, se trata de un financiamiento otorgado sin cumplir plenamente con los estándares de debida diligencia exigibles para proyectos de alto impacto. El resultado fue un proceso de transformación territorial que ocurrió antes de garantizar condiciones mínimas de protección para las comunidades afectadas.
“El hecho de que BID Invest admita haber aprobado fondos con evaluaciones incompletas establece una responsabilidad estructural que no puede corregirse mediante medidas parciales ni con reuniones de ‘escuchar’. El territorio ya pagó el costo de esa negligencia.”
La construcción de una narrativa ante el MICI: control del conflicto, no solución
El Consejo advierte con claridad: lo que ocurre en Manzanillo no es un proceso de solución, es un proceso de construcción narrativa. BID Invest no busca resolver el conflicto, sino administrarlo estratégicamente de cara al proceso abierto ante el MICI, generando evidencia de “interacción” que pueda presentarse como cumplimiento procedimental. Esta estrategia descansa en una dualidad evidente: reconocer impactos sin asumir responsabilidades.
El banco construye un relato en el que aparece como actor dialogante, pero evita posicionarse como corresponsable del daño territorial. La reunión del 9 de abril, convocada con la participación del Ministerio de Medio Ambiente y el consorcio Manzanillo Gas and Power —que lleva cuatro años sin compensar a las comunidades—, es, para el Consejo, una fase de control narrativo del caso.
“El objetivo de estas convocatorias no es producir soluciones; es producir registros que sirvan como defensa institucional ante el MICI. Por ello, cada omisión, cada vacío y cada ausencia de propuesta será documentada como evidencia de incumplimiento estructural.”
El Consejo advierte a las instancias internacionales que el actual despliegue de BID Invest en el terreno no busca justicia, sino credenciales de buena conducta para proteger su posición en el proceso de elegibilidad ante el MICI.
. Lo que BID Invest reconoce y lo que deliberadamente omite
Las admisiones institucionales de BID Invest son contundentes.
En su respuesta formal ante el MICI, el banco reconoció: brechas en la evaluación ambiental y social; insuficiencia de la línea base pesquera; ausencia de evaluación de impactos acumulativos al momento de la aprobación; y riesgo de desplazamiento económico de pescadores artesanales, apicultores, ganaderos y guías turísticos.
Sin embargo, estas admisiones omiten lo esencial: la responsabilidad. BID Invest reconoce los efectos, pero evita asumir su rol en haberlos permitido. Reconoce el daño, pero no propone la reparación. Esta estrategia configura lo que el Consejo define como cinismo institucional: aceptar parcialmente el problema para eludir la obligación de la reparación integral.
“Al admitir que los pescadores y productores han sido desplazados económicamente, BID Invest reconoce una deuda líquida y exigible que no se paga con reuniones, sino con la restauración inmediata de los medios de vida y el resarcimiento proporcional al daño causado.”
Las comunidades impactadas: el territorio como evidencia viva
Villa Raif, ubicada a menos de 40 metros del proyecto, ha experimentado pérdida de acceso, alteración de sus dinámicas productivas y una transformación acelerada de su entorno sin ningún mecanismo de compensación estructural. Manzanillo, Copey y Carbonera forman parte de un sistema territorial interconectado que ha sido impactado de manera conjunta, y cuya fragmentación deliberada ha servido para invisibilizar la magnitud real del daño.
“El territorio no se fragmenta porque el impacto no es fragmentado. Cada comunidad afectada constituye evidencia directa de un proceso de transformación no resarcido.”
No son proyectos puntuales: es resarcimiento integral del territorio
Valenzuela aclaró que resulta inaceptable que, mientras BID Invest habla de supuestas expectativas desproporcionadas del Consejo, los promotores soliciten a las comunidades propuestas de proyectos puntuales, cuando lo que corresponde es una respuesta estructural frente a los impactos ya documentados. El Consejo ha dejado claro que cualquier iniciativa puntual solo puede surgir como resultado de un acuerdo integral de resarcimiento, no como sustituto del mismo.
El intento de sustituir el resarcimiento territorial por iniciativas de responsabilidad social empresarial —lo que Valenzuela denomina “proyectitos de imagen”— es, para el Consejo, una táctica que busca disolver una demanda de derechos en una transacción de caridad. El Consejo no aceptará ningún acuerdo que no parta del reconocimiento formal del daño territorial acumulado.
La agenda del Consejo: una propuesta estructurada con cronograma verificable
El Consejo establece que el punto de partida es el reconocimiento del daño territorial acumulado. No se trata de percepciones ni de nuevos diagnósticos: el impacto ya fue documentado por el propio proyecto, por BID Invest y por las comunidades. La discusión no es si existe el daño, sino cómo se repara de manera proporcional y estructural.
La propuesta del Consejo contempla el inicio de una mesa territorial de buena fe para construir una agenda concertada de respuesta integral que aborde, entre otros ejes: la transformación del territorio y la pérdida de funcionalidad comunitaria; la afectación en Villa Raif, Manzanillo, Copey y Carbonera; la alteración del sistema ecológico del circuito Ramsar —humedales, manglares, litoral, Playa Estero Balsa—; el deterioro de los medios de vida en pesca artesanal, apicultura, ganadería ovino-caprina y ecoturismo; la presión sobre el tejido social; la sobrecarga institucional municipal; y los impactos acumulativos no gestionados.
Esta agenda exige mecanismos independientes de supervisión, metas medibles y cronogramas verificables, que culminen en la creación de un Fondo de Resarcimiento Territorial permanente como instrumento de compensación frente a los impactos acumulativos y residuales. Asimismo, el Consejo exige que el 1.5 % de la inversión total del proyecto sea retribuido al territorio como canon de carga social y ambiental.
Fundamento legal: quien daña, paga
El reclamo presentado ante el MICI se fundamenta en el principio constitucional y legal de responsabilidad ambiental. La Constitución Dominicana, en sus artículos 67, 15, 16, 199 y 200, establece la obligación de proteger, restaurar y compensar el daño ambiental y territorial, así como el derecho de los municipios a recibir compensación por las cargas que soportan.
Este marco se complementa con la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el Convenio Ramsar, que obligan a garantizar participación, transparencia, justicia ambiental y protección de ecosistemas estratégicos. La responsabilidad no es opcional: es jurídicamente exigible.
“El territorio ya cumplió: fue impactado, fue documentado y fue presentado ante el sistema. Ahora le corresponde al proyecto y a BID Invest cumplir con su responsabilidad. No estamos ante un proceso de ‘escuchar’ ni de diagnóstico; estamos ante un proceso de responsabilidad.”