República Dominicana frente al muro arancelario de Trump: diálogo, exigencias y la incómoda elección entre ir sola o negociar en bloque

Por Frank Valenzuela
presidente de CEBAMDER

Manzanillo, Montecristi. Bajo la promesa de “diálogo constructivo”, la comisión de ministros dominicanos que visitó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) regresó a República Dominicana con un mensaje de optimismo. Sin embargo, más allá de las fotos oficiales y el lenguaje diplomático, lo que realmente se discutió en Washington revela una situación mucho más áspera: el gobierno de Donald Trump dejó sobre la mesa un pliego de condiciones durísimas y advirtió que, si la República Dominicana no cumple, el arancel global del 10 % podría duplicarse o incluso quintuplicarse en los próximos meses.

El gobierno dominicano insiste en que la reunión fue “positiva”, pero el trasfondo del encuentro dibuja otro escenario: la negociación está lejos de ser un triunfo. Por el contrario, el país enfrenta una carrera contrarreloj con altos costos económicos y riesgos de erosión en sectores clave como las zonas francas, el tabaco y la agroindustria.

Lo que se dijo… y lo que se ocultó

Mientras la versión oficial del gobierno dominicano habla de “reconocimiento a la relación estratégica” y “voluntad de eximir productos sensibles”, el USTR fue categórico: el 10 % aplicado a las exportaciones dominicanas es apenas el nivel base de una política que podría endurecerse hasta un 50 % si el país no desmonta las barreras que Washington considera incompatibles con el DR-CAFTA y la OMC.

La delegación estadounidense, liderada por Jamieson Greer, fue tajante: no hay moratoria para zonas francas ni para productos textiles, y cualquier concesión dependerá de la eliminación verificable de las prácticas que motivaron la sanción.

Todos los cargos de la acusación norteamericana

El capítulo dedicado a la República Dominicana en el National Trade Estimate Report 2025 funciona como una hoja de acusación detallada, donde se enumeran uno a uno los puntos que EE. UU. considera violatorios de los acuerdos comerciales:

• Protección arrocera fuera de tiempo: el Decreto 693-24 mantiene un cupo de 23,300 toneladas con un arancel del 99 % fuera de cuota, cuando el desarme total debía cumplirse este mismo año.
• Licencias agrícolas discrecionales para frijoles, lácteos, carnes y hortalizas, consideradas trabas arbitrarias.
• Impuestos internos discriminatorios: exención de ITBIS a quesos locales, pero 18 % a los importados; 10 % ad valorem al etanol estadounidense.
• Regulación asimétrica en acero (RTD-458): pruebas adicionales a las importaciones estadounidenses, sin exigir lo mismo al producto local.
• Obstáculos a vehículos usados, afectando el libre comercio bajo DR-CAFTA.
• Lentitud y costos excesivos en los registros sanitarios de DIGEMAPS.
• Ausencia de una Ley de Compras Públicas compatible con el Acuerdo GPA de la OMC.
• Condiciones laborales irregulares en el sector azucarero, incluyendo trabajo infantil y viviendas precarias.

«O se desmantelan esos muros o se paga el 10 %,» resumió un alto funcionario del USTR al concluir la reunión.

El impacto económico: una factura de hasta US$ 450 millones

Según cifras del Ministerio de Industria y de la Cámara Americana de Comercio (AmCham-DR), un 59 % de las exportaciones dominicanas tienen como destino el mercado estadounidense, lo que representó US$ 6,914 millones en 2024. La imposición del arancel amenaza con descarrilar sectores neurálgicos para el empleo y el ingreso de divisas:

• Textiles y confecciones (zonas francas): ya pagan el 10 %, lo que erosiona su competitividad frente a productores centroamericanos exentos. Varias marcas han comenzado a relocalizar órdenes hacia Honduras y Nicaragua.
• Tabaco premium: aunque con menor elasticidad, el nuevo gravamen afecta la rentabilidad frente a puros de otras latitudes.
• Agroindustria (cacao, frutas tropicales): podría evitar lo peor si el gobierno desmonta las licencias agrícolas cuestionadas y cumple con los requisitos de reciprocidad.

La Cámara Americana estima que el sobrecosto anual oscilará entre US$ 380 y US$ 450 millones, con posibles recortes de turnos en 28 parques industriales.

Choques de fondo: dos agendas, dos lógicas

El choque entre las políticas dominicanas y las exigencias de EE. UU. es frontal y estructural:

Soberanía alimentaria versus libre comercio: Santo Domingo protege arroz, pollo y leche; Washington exige liberalización total.

Industrialización dirigida: incentivos fiscales con requisitos de contenido local para ensamblaje de vehículos y electrónica, en contradicción con las reglas de trato nacional.

Ausencia de ley de compras públicas: opacidad en las licitaciones estatales que EE. UU. quiere ver reformada.

Violaciones laborales en azúcar: trabajo infantil, vivienda insalubre y bajos salarios, con la presión internacional como palanca para el cumplimiento.

¿Sola o en bloque? El dilema estratégico dominicano ante Washington

Donald Trump ironizó que a los países latinoamericanos solo les queda “besar el trasero individualmente” si quieren ventajas arancelarias. Para la República Dominicana, el dilema es real y urgente: negociar en solitario —como hizo la misión de Washington— o articular una posición conjunta con los otros cinco socios de DR-CAFTA o con un bloque ampliado (SICA + Caricom).

En resumen: el bilateralismo ofrece resultados más rápidos pero precarios; el multilateralismo, más lentos pero sistémicos. La República Dominicana debe decidir si compra tiempo a solas —con la promesa de reformas internas que no dejan margen para eludir— o si empuja a sus vecinos a un frente común que rebaje la presión de Washington, aun a costa de ceder parte de su agenda. En cualquiera de los dos tableros, el factor decisivo no será la retórica de Trump sino la capacidad dominicana de desmontar sus propias barreras antes de que el cronómetro del USTR llegue a cero.