Dádivas por ecocidio: CEBAMDER advierte que en Manzanillo MICI del BID, Shell y Haina Investment buscan callar reclamos en Parque de Manglares, Playa Estero Balsa y las comunidades

El colectivo acusa a funcionario del BID Invest y de MICI de modificar de manera unilateral el contenido de la agenda que originalmente se había establecido para las negociaciones.  

Por Frank Valenzuela

MANZANILLO, República Dominicana.— El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) denunció este domingo que el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha convertido, a su juicio, en un instrumento de respaldo a los intereses de las transnacionales Shell, Haina Investment Company (HIC) y Energía de las Américas (ENERLA), al pretender reducir los reclamos de Manzanillo y las demás comunidades del municipio Pepillo Salcedo a la aceptación de ofrecimientos económicos irrisorios e insuficientes, mientras el proceso conduce al desgaste, el cansancio y la desarticulación de las reivindicaciones comunitarias frente al ecocidio ambiental, productivo y social denunciado en el Parque Manglares Estero Balsa, su playa y las comunidades del municipio Pepillo Salcedo.

El Centro CEBAMDER advirtió que semejantes actuaciones amenazan con desnaturalizar el proceso de consulta y convertirlo en un mecanismo de contención de las reclamaciones, en lugar de una vía efectiva para esclarecer los daños, determinar las responsabilidades y garantizar un resarcimiento integral, justo y proporcional a las afectaciones denunciadas. Para la organización, ninguna negociación puede considerarse legítima si pretende reducir la destrucción de ecosistemas, el deterioro de los medios de vida y las pérdidas de las comunidades a un inventario de pequeñas ayudas económicas.

Frank Valenzuela, presidente de la entidad ciudadana, calificó de «risible, indignante y de mal gusto» que las empresas vinculadas al consorcio energético Manzanillo Gas & Power pretendan responder por los daños denunciados en Playa Estero Balsa, el Parque Manglares Estero Balsa y las actividades de los emprendedores ecoturísticos mediante la entrega de dos botes, dos motores y aproximadamente US$900 para cada uno de los 21 miembros de una organización del sector.

«¿Cómo se pretende equiparar la magnitud de los daños denunciados a un patrimonio natural y productivo de las comunidades con la entrega de dos botes, dos motores y unos cuantos dólares?», cuestionó Valenzuela. A su juicio, semejante planteamiento evidencia una profunda desproporción entre las afectaciones reclamadas y las respuestas económicas puestas sobre la mesa. «El resarcimiento no puede convertirse en una operación de reparto de dádivas para presentar como cumplidos unos compromisos que no responden a la dimensión real del daño».

Empresas con consultores de alto nivel y comunidades sin respaldo técnico independiente

Valenzuela denunció la desigualdad del proceso: mientras las empresas disponen de consultores especializados y presupuestos millonarios, las comunidades carecen de evaluaciones ambientales, económicas y sociales independientes que determinen la magnitud de los daños y el costo del resarcimiento territorial.

El dirigente ciudadano reveló que las comunidades no disponen de especialistas ambientales y jurídicos independientes que realicen evaluaciones de impacto y que, según su denuncia, tienen que sujetarse al cabildeo de funcionarios del MICI para que las empresas presenten presupuestos que no se corresponden con los daños provocados. Sostuvo que, al final, el papel de esos funcionarios consiste en convencer a las comunidades de que los presupuestos presentados representan los recursos disponibles de las empresas y del propio BID Invest.

Cuestionó que los funcionarios del MICI, según afirmó, promuevan la aceptación de presupuestos empresariales desproporcionados, sin garantizar a los afectados un respaldo técnico y jurídico equivalente para defender sus reclamaciones.

«Sin estudios independientes, transparencia presupuestaria y una evaluación integral de los daños, no puede hablarse de una negociación equilibrada. Es inadmisible que las comunidades dependan de las estimaciones y los límites financieros de las mismas instituciones y empresas cuestionadas», sostuvo Valenzuela.

Fondo de Inversión Social: de punto de agenda a propuesta descartada

El presidente de CEBAMDER denunció que uno de los funcionarios del BID Invest presentes en las reuniones expresó que el banco no tenía compromiso con el denominado Fondo de Inversión Social, incorporado como punto de la agenda cuando se iniciaron las negociaciones.

Según Valenzuela, ese mismo día, durante la tarde en que se negociaba el caso del sector ecoturístico, el responsable de la negociación del MICI manifestó personalmente que dicho fondo no existiría y que lo que se pretendía ejecutar eran varias obras sociales.

Valenzuela calificó esta decisión de unilateral y cuestionó la transparencia del proceso, al considerar inaceptable que se modifiquen componentes esenciales de la agenda sin garantías suficientes de participación comunitaria.

Para el dirigente, esto significa que las negociaciones conducidas por el MICI no serían más que un conjunto de reuniones orientadas a distribuir las dádivas económicas que el banco y el consorcio tienen contempladas, con el propósito de afirmar que cumplieron sus compromisos de resarcir a las comunidades del municipio.

«Si la negociación termina reducida a distribuir dádivas y ejecutar obras aisladas, mientras siguen sin respuesta la restauración ambiental, la recuperación productiva y el resarcimiento de las comunidades, se habrá desvirtuado el propósito fundamental de la consulta», advirtió.

US$50,000 anuales: ¿con qué autoridad moral pretenden erigirse en guardianes del parque?

CEBAMDER cuestionó que empresas vinculadas al proyecto energético, señaladas por las comunidades por los daños denunciados en la bahía de Manzanillo y Playa Estero Balsa, pretendan presentarse como «guardianes» del Parque Manglares Estero Balsa mediante una contribución anual de US$50,000, equivalente a US$4,166.67 mensuales y US$136.99 diarios.

Valenzuela contrapuso esa cifra al financiamiento sindicado de US$902 millones articulado por BID Invest, con US$777 millones movilizados y la participación de 13 instituciones financieras internacionales, entre ellas Citibank, JPMorgan Chase, CAF, Bladex, Bancolombia y Scotiabank. Según los cálculos consignados en la denuncia, los US$50,000 representan apenas el 0.0055 % de ese financiamiento.

El dirigente recordó que el proyecto fue clasificado en la Categoría A por BID Invest y sostuvo que la conservación del parque no puede convertirse en una operación de imagen corporativa ni sustituir las obligaciones de restauración y resarcimiento que correspondan.

«Las empresas no pueden pretender pasar de ser señaladas por los daños denunciados a presentarse como salvadoras del patrimonio natural afectado. La conservación no puede utilizarse como escudo reputacional para desactivar reclamaciones legítimas», afirmó Valenzuela.

El dirigente también llamó a la solidaridad internacional frente a lo que calificó como la pretensión de grandes corporaciones internacionales de erigirse en «guardianes» del Parque Manglares Estero Balsa después de los graves daños ambientales denunciados en la bahía de Manzanillo, mediante una contribución anual de US$50,000.

A juicio de Valenzuela, esa cantidad resulta desproporcionada frente a la magnitud de los daños cuya evaluación y resarcimiento reclama la comunidad, especialmente tratándose de un parque asociado a un proyecto clasificado en la Categoría A por BID Invest.

La dignidad de Manzanillo no está en negociación

Finalmente, CEBAMDER anunció la articulación de una alianza local, nacional e internacional para defender el patrimonio ambiental, productivo, social e histórico de Manzanillo, su playa y el Parque Manglares Estero Balsa.

Valenzuela advirtió que la organización no aceptará que las reclamaciones territoriales sean reducidas a ayudas individuales, donaciones empresariales u obras aisladas, mientras permanezcan pendientes la evaluación de los daños, la restauración del ecosistema y la recuperación de las actividades productivas.

«La dignidad de Manzanillo no tiene precio ni puede comprarse con dádivas. Defenderemos nuestra playa, nuestros manglares y los medios de vida de nuestras comunidades por todas las vías cívicas, institucionales y jurídicas legítimas, porque luchamos también por el derecho de las próximas generaciones a heredar una bahía viva, un parque protegido y comunidades con futuro», concluyó Valenzuela.

El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) reiteró que la defensa de la bahía, la playa y el parque constituye un compromiso con el patrimonio histórico y natural de las próximas generaciones y con el respeto a la biodiversidad y los recursos naturales del país.