CEBAMDER advierte al Directorio del Grupo BID que demanda de 200 millones de dólares cuestiona su reputación por financiar un proyecto de energía dentro del Parque de Manglares en Manzanillo

En una carta dirigida al Directorio del BID, el Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) anuncio que respalda la demanda de US$200 millones contra Manzanillo Gas & Power, consorcio que integra a las empresas globales Shell, Haina Investment y ENERLA, y solicita una investigación internacional independiente sobre el financiamiento, la ejecución del proyecto energético y su impacto en Playa Estero Balsa, el Parque de Manglares y las comunidades de Manzanillo, Copey y Carbonera.

Por Frank Valenzuela

MANZANILLO, República Dominicana. — El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) advirtió al Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que la demanda de US$200 millones presentada por organizaciones ambientalistas contra Manzanillo Gas & Power plantea interrogantes sobre las salvaguardas ambientales y sociales del Grupo BID. La entidad respaldó la acción judicial y reclamó una investigación internacional independiente.

En una carta dirigida al Directorio y a representantes de gobiernos, organismos internacionales, investigadores, universidades y medios de comunicación, Frank Valenzuela, presidente de CEBAMDER, pidió examinar el financiamiento del proyecto energético y las denuncias sobre sus efectos en el Parque Nacional Manglares Estero Balsa y las comunidades del municipio de Pepillo Salcedo. La organización sostiene que el caso trasciende el ámbito judicial y plantea cuestiones relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas del Grupo BID.

Valenzuela señaló que la querella depositada ante la Procuraduría Regional de Medio Ambiente de Montecristi reclama US$200 millones por daños atribuidos al consorcio y a las obras ejecutadas en el entorno del Parque Nacional Manglares Estero Balsa, un área protegida vinculada al sitio Ramsar número 2497. La acción fue presentada por destacadas organizaciones ambientalistas, entre ellas el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI).

Entre los daños denunciados figura la presunta destrucción de 575.000 metros cuadrados de vegetación en 2022, además de posibles afectaciones a humedales vinculados al sitio Ramsar número 2497. CEBAMDER también señala pérdidas en la pesca, el ecoturismo, la apicultura y la producción ovino-caprina. La entidad reclama evaluaciones independientes que permitan establecer la extensión de los daños y determinar las medidas de recuperación necesarias.

La organización pidió a BID Invest divulgar las evaluaciones ambientales y sociales, las condiciones de financiamiento, los informes de supervisión y los presupuestos destinados a la prevención y la restauración. También reclamó una auditoría que determine si los controles aplicados fueron suficientes frente a los riesgos del proyecto. A juicio de CEBAMDER, las inversiones energéticas no deben dejar sin respuesta las denuncias de las comunidades afectadas.

Las críticas también alcanzan al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), cuya actuación CEBAMDER considera insuficiente para restablecer la confianza de las comunidades. La organización cuestiona las propuestas económicas discutidas durante el proceso de consulta y sostiene que estas no sustituyen una evaluación integral de los daños. Asimismo, solicitó revisar las garantías de participación y las condiciones en que las comunidades recibieron asistencia técnica independiente.

En ese mismo orden, el Centro CEBAMDER condenó el hecho de que un funcionario de BID Invest que participaba en las negociaciones afirmara que el Banco no se comprometía con el denominado Fondo de Inversiones, posición que fue reafirmada por el coordinador del MICI durante las negociaciones, quien sostuvo que lo que se ejecutaría sería una lista de obras sociales. Para Valenzuela, ese cambio constituyó una modificación unilateral y profunda de la agenda de negociaciones.

El presidente de CEBAMDER, Frank Valenzuela, afirmó que retirarse de la mesa de consulta no significa renunciar a las reclamaciones ni aceptar las propuestas presentadas. La entidad pidió una respuesta escrita sobre el estado del expediente MICI-CII-DR-2026-0266 y las vías disponibles para solicitar una eventual Verificación de la Observancia, conforme a las normas aplicables. También reclamó que se examine la actuación institucional en el caso.

El Centro CEBAMDER presentó diez exigencias, entre ellas una evaluación ambiental independiente, una auditoría del financiamiento, la publicación de los expedientes, la cuantificación de las pérdidas productivas y la revisión de los presupuestos de restauración. Además, solicitó asistencia técnica independiente para las organizaciones comunitarias y un programa territorial de resarcimiento con responsables, plazos e indicadores verificables. La entidad considera que las respuestas deben guardar proporción con los daños que lleguen a comprobarse.

«Manzanillo siente que ha perdido la esperanza en los mecanismos que debían escucharlo», sostuvo Valenzuela en su mensaje al Directorio. CEBAMDER pidió a los gobiernos miembros del BID examinar las denuncias y exigir transparencia sobre el financiamiento y la supervisión del proyecto. La organización afirmó que la credibilidad de las instituciones dependerá de una respuesta independiente y documentada, capaz de esclarecer los hechos y atender las reclamaciones que resulten justificadas.