Frank Valenzuela y CEBAMDER abandonan las negociaciones conducidas por MICI del Grupo BID ante propuesta del consorcio energético vinculado a Shell y el Grupo Vicini y exigen investigación internacional por los daños en Manzanillo

“No voy a seguir sentado en una mesa donde lo que se pretende es negociar la dignidad de Manzanillo por una suma que no representa ni siquiera una fracción significativa de la riqueza que se está generando sobre nuestro territorio.”

Manzanillo, Montecristi, República Dominicana.— Frank Valenzuela, presidente del Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER), anunció su retiro de las conversaciones de negociación ante el MICI del Grupo BID, por considerar que las condiciones económicas planteadas hasta el momento son incompatibles con la magnitud de los impactos denunciados y con la dignidad de las comunidades de Manzanillo, Copey, Carbonera y demás territorios afectados.

Valenzuela calificó como inaceptable que, frente a una inversión energética que las organizaciones comunitarias sitúan en el orden de más de RD$90,000 millones, se pretenda discutir un resarcimiento de alrededor de RD$50 millones, o incluso inferior a RD$25 millones. RD$50 millones representan aproximadamente 0.0556 % de RD$90,000 millones; y RD$25 millones apenas 0.0278 %. “No estamos hablando de una compensación proporcional: estamos hablando de una cifra que, frente a la dimensión económica del proyecto, resulta simbólica”, afirmó.

La decisión también constituye una denuncia internacional sobre la forma en que las comunidades perciben que está funcionando el proceso de diálogo. Valenzuela cuestionó que el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID, concebido institucionalmente como un mecanismo independiente de rendición de cuentas, pueda terminar siendo percibido en el territorio como un espacio donde las comunidades deben aproximarse a los presupuestos definidos por las grandes corporaciones. “El MICI no puede convertirse, ni permitir que se le perciba, como un mecanismo para convencer a una comunidad de aceptar la cifra que una corporación está dispuesta a pagar”, sostuvo.

Para Valenzuela, el conflicto tiene como centro el proyecto Manzanillo Bay Energy, cuya entidad patrocinadora, identificada públicamente por BID Invest, es Manzanillo Gas & Power S.A., y cuya estructura empresarial ha sido vinculada públicamente con Shell Gas & Power Development, Haina Investment Company y ENERLA. BID Invest clasificó el proyecto en Categoría A, reservada para operaciones que pueden generar riesgos e impactos ambientales y sociales significativos, diversos, irreversibles o sin precedentes. “Si el proyecto merece la máxima categoría de riesgo ambiental y social, entonces la reparación a las comunidades no puede calcularse como si estuviéramos ante una afectación menor”, reclamó Valenzuela.

El dirigente comunitario cuestionó, además, la enorme asimetría de poder existente en la mesa: de un lado, comunidades que defienden sus medios de vida, sus ecosistemas y su territorio; del otro, estructuras empresariales con capacidad financiera, jurídica y técnica internacional. “No estamos negociando contra una pequeña empresa local. Estamos hablando de capitales y actores empresariales de dimensión internacional. Por eso exigimos que el valor de la vida económica y social de Manzanillo no sea reducido a una dádiva”, expresó.

Valenzuela advirtió que resulta particularmente doloroso observar la transformación que puede sufrir un territorio mientras quienes toman las decisiones llegan con todo el poder logístico y financiero, mientras comunidades que durante décadas han construido su economía con enormes sacrificios terminan preguntándose cómo recuperar sus medios de vida. “No es aceptable que quienes hablan de desarrollo lleguen con todo el poder logístico y financiero, mientras un pescador, un apicultor o un emprendedor ecoturístico tenga que pedir ayuda para poder continuar trabajando”, afirmó. “Ese contraste es precisamente lo que el mundo debe mirar”.

Uno de los símbolos más dramáticos de esta situación, según el dirigente, es el ecoturismo de la Bahía de Manzanillo. “¿Cómo puede explicarse internacionalmente que una zona con manglares, humedales, paisajes costeros y extraordinario potencial turístico termine viendo a sus propios emprendedores preguntarse si tendrán siquiera una embarcación con la cual trasladar a un turista?”, cuestionó. “Si después de una transformación industrial de esta magnitud el sector ecoturístico tiene que comenzar prácticamente desde cero, entonces no estamos hablando únicamente de compensar una pérdida: estamos hablando de reconstruir una economía territorial”.

CEBAMDER afirmó que la discusión tampoco puede reducirse a dinero entregado directamente a algunas personas. “Manzanillo necesita resarcimiento territorial, reparación productiva, restauración ambiental y reconstrucción de las oportunidades económicas destruidas o debilitadas”, manifestó. Recordó que las organizaciones han sostenido que los impactos deben analizarse de manera acumulativa sobre los ecosistemas, los medios de vida, la pesca, el ecoturismo, la apicultura, la economía comunitaria, los servicios públicos y la capacidad institucional del municipio.

Ante la magnitud de las denuncias, CEBAMDER exige al Grupo BID y al MICI una fase de investigación profunda, independiente, técnicamente rigurosa y transparente, realizada por un equipo internacional de especialistas sin conflictos de interés, que determine la verdadera dimensión de los daños ambientales, sociales y económicos ocasionados en la Bahía de Manzanillo y su área de influencia. La organización exige que esta investigación incorpore específicamente la condición de protección internacional de los humedales y ecosistemas vinculados al territorio, incluyendo su reconocimiento bajo la Convención Ramsar, así como los efectos acumulativos sobre manglares, humedales, pesca, ecoturismo, biodiversidad y medios de vida. “No queremos que primero se determine cuánto dinero está dispuesto a pagar una empresa y después se intente acomodar el daño a esa cifra; exigimos exactamente lo contrario: primero debe determinarse científicamente el daño y, a partir de esa determinación independiente, establecerse la reparación que corresponda”, declaró Valenzuela.

Valenzuela también lanzó un mensaje directo a Shell, Haina Investment Company, ENERLA y a las demás estructuras empresariales vinculadas al desarrollo energético de Manzanillo: “República Dominicana no es un territorio sin dueño, y Manzanillo no es una zona de sacrificio”. Aclaró que las empresas tienen derecho a desarrollar sus inversiones dentro del marco jurídico dominicano, pero ese derecho tiene como contraparte la obligación de respetar la legislación ambiental, los derechos de las comunidades, los compromisos sociales y las reglas aplicables a proyectos financiados por organismos multilaterales. “El desarrollo económico no puede significar que los beneficios se internacionalicen y los costos se queden en Manzanillo”.

El retiro de Frank Valenzuela de la conversación no significa el retiro de la lucha comunitaria. “Me retiro de esta mesa por dignidad, no por cansancio; me retiro porque no voy a legitimar con mi presencia una negociación que, desde nuestra perspectiva, reduzca el valor de Manzanillo a una cifra simbólica”, declaró. “Las comunidades no están pidiendo limosna. Están exigiendo que se reconozcan sus pérdidas, que se cumpla la legislación dominicana, que se respeten los estándares internacionales y que cualquier eventual acuerdo sea proporcional, transparente, verificable y construido sobre la verdadera dimensión de los impactos”.

Finalmente, CEBAMDER anunció que llevará esta posición a la opinión pública nacional e internacional y que solicitará que cualquier proceso de diálogo preserve plenamente los derechos de las comunidades y no convierta la negociación en un mecanismo de legitimación de compensaciones previamente determinadas. “No abandonamos a Manzanillo; abandonamos una mesa en la que sentimos que la dignidad de nuestro pueblo estaba siendo colocada por debajo de una cifra”, concluyó Valenzuela. “La Bahía de Manzanillo no puede convertirse en una historia donde las grandes corporaciones se quedan con la rentabilidad y las comunidades quedan arrodilladas pidiendo un bote para volver a llevar turistas a los lugares que antes les daban de comer. Manzanillo merece desarrollo, pero también merece justicia, reparación, investigación independiente y respeto a sus leyes”.